Cronología de un desacato

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Desde que la Asamblea Nacional decidió incorporar, el 5 de enero de 2016, a los candidatos cuya elección como diputados fue impugnada, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido seis sentencias que ratifican la ilegalidad de sus actos, amparada cada decisión en el ordenamiento legal venezolano vigente.

Hemos reconstruido una línea de tiempo destacando los hitos del problema pues la confrontación entre dos de los cinco poderes públicos que conforman el sistema de gobierno en Venezuela: el Ejecutivo y el Legislativo, se ha mantenido durante un año con muy pocos cambios.

El Presidente de la República, Nicolás Maduro,  se ha visto en la necesidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para no detener la acción del Estado en los problemas más ingentes del país.

Estos son los hechos. Juzgue usted.

6/12/15: Los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática obtienen la primera mayoría en la Asamblea Nacional. El Gran Polo Patriótico admite su derrota y desmonta con ello, matrices de opinión sobre un eventual desconocimiento a la victoria opositora.

30/12/15: Tras impugnaciones de resultados comiciales en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, además del representante indígena de la región sur, por diversos delitos, entre éstos, compra de votos en el estado Amazonas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.260, admite y declara procedente una solicitud de amparo cautelar ordenando “de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena”.

4/01/16: TSJ publica sentencia que ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.

6/01/2016: Toma posesión la nueva Asamblea Nacional y son juramentados los tres candidatos cuya elección fue impugnada en el estado Amazonas: Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana, éste último representante indígena, contraviniendo la sentencia del TSJ.

6/01/2016: En el acto de toma de posesión como nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup anuncia que “en un lapso de seis meses contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propondríamos un método, un sistema, para cambiar el gobierno por vía constitucional”. (Ni la OEA ni el parlamento europeo, ni la Fiscal Luisa Ortega Díaz, ni ninguno de los países que hoy dicen estar preocupados por Venezuela reaccionaron en contra ni se solidarizaron con el presidente Nicolás Maduro)

12 / 01/ 2016: ante la presión del Gran Polo Patriótico son desincorporados los candidatos impugnados

14/01/2016 – La Sala Constitucional del TSJ en su sentencia No. 03, declara que cesó la “omisión constitucional” de la AN y que Maduro podía presentar su mensaje anual allí

15/01/2016: Presidente Maduro presenta su mensaje anual ante el Poder Legislativo

27/07/17: Los tres candidatos indígenas de la oposición venezolana cuya toma de posesión había sido suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia se reincorporan de nuevo al Parlamento. Henry Ramos Allup afirmó entonces: “Nosotros estamos obligados a mantener la integridad y la vigencia plena de la Constitución en caso de que sea infringida por cualquier ciudadano o cualquier autoridad, ergo, no vamos a acatar ninguna sentencia inconstitucional del TSJ que viole esta Constitución ni la soberanía popular.

11/08/ 2016: Mediante la sentencia 126, la Sala Electoral del TSJ declara la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica del acto de juramentación e incorporación a la Asamblea Nacional de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en los cargos de diputados por “violación flagrante del orden público constitucional”. La decisión dictada en ponencia conjunta declara el desacato en el que ha incurrido la junta directiva de la AN junto con los diputados de la Unidad ante las dos sentencias emitidas por la Sala Electoral, dictadas el 30 de diciembre y el 11 de enero pasados, en las que se ordenó y ratificó, respectivamente, la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur.

02/09/2016: La Sala Constitucional del TSJ dictamina que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral” ( N° 808)

30/10/2016: se inicia proceso de diálogo en Venezuela con representación de la MUD

12/11/2016: Producto del diálogo se acuerda avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. MUD acepta repetir elecciones en ese Estado

15/11/2016: candidatos indígenas impugnados piden su desincorporación otra vez

9/01/2017: cambios en la directiva de la AN. Sale Henry Ramos Allup (AD) y asume la presidencia del Legislativo,  Julio Borges (Primero Justicia), desincorpora oficialmente a los candidatos impugnados.

11/01/2017: El TSJ emite la sentencia No. 2 mediante la cual declara “la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional y, en consecuencia, se Anulan los Actos Parlamentarios realizados el 05 y el 09 de enero de 2017 por la Asamblea Nacional.”

11/01/2017: En la sentencia No. 3 del TSJ, “se resuelve la Interpretación Constitucional solicitada y se Declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional. En consecuencia, se dispone que en esta oportunidad el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su Mensaje Anual al que se refiere el artículo 237 Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.”

Nota 1: aún no se repiten elecciones en Amazonas aunque el presidente Maduro anunció que se realizarían el 20 de diciembre de 2016

Nota 2: En los seis meses que la Asamblea Nacional estuvo “legal” impulsó acciones en contra del gobierno legítimamente electo en Venezuela, alentado por las acciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y sus pretensiones de aplicar la Carta Interamericana Democrática contra el país.

Nota 3: La AN, pese a continuar operando en la ilegalidad, ha aprobado diferentes resoluciones contra el Presidente de la República, erigiéndose en un poder para desplazar a otro cuando esa no es su función.

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Lista de mercado para tumbar a Maduro

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El “acuerdo” de la mal llamada Asamblea Nacional fue redactado seguramente por muchas manos y en torno a unas “birras”, pues sólo así se explica que semejante adefesio haya sido concebido por abogados graduados en Harvard.

El tinglado que este domingo montó la oposición criolla en el Palacio Federal Legislativo fue el escenario desde donde se pretendió reeditar situaciones de facto como las de Honduras, Paraguay o Brasil, intentando desesperadamente tumbar, desde el Poder Legislativo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con un documento que no resiste análisis.

Dos hechos importantes anteceden la locura de los parlamentarios de la MUD: el primero rompe paradigmas y es porque el Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el Presupuesto Nacional para 2017 sea presentado ante la Sala Constitucional y no al Parlamento pues éste fue declarado en desacato por el alto Tribunal luego de incorporar a los tres diputados indígenas cuya elección había sido suspendida al considerarla viciada de nulidad; y el segundo es la suspensión de la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio luego que el Consejo Nacional Electoral acatara la medida de cinco tribunales de los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas y Apure por delitos cometidos en el proceso para solicitar el RR.

Otras decisiones, como la de decretar prohibición de salida del país a varios dirigentes opositores, más la imposibilidad de aplicarle a Venezuela sanciones internacionales llevaron a una guerra por redes sociales llamando a la “toma de Venezuela” y después “El domingo pa’la Asamblea”, no sin antes la bailoterapia de ley en la autopista del Este (del Este), transmitida por Globovision y los portales multimedia Vivo Play, Capitolio TV (el nuevo misil), Caraota Digital, La Patilla y Defecto Cocuyo, perdón, Efecto Cocuyo.

También insinuaron que no dejarían entrar al país al presidente Maduro a su regreso de la gira internacional, como si esta fuese la Venezuela de Juan Vicente Gómez, quien en 1908 tumbó a su compadre Cipriano Castro, aprovechando que éste había ido a Europa buscando salud.

Los ingredientes

El acuerdo, como dijimos antes, no resiste ni el más somero análisis. Se puede describir como una mezcla de perro con bicicleta, ya que su contenido es tan absurdo como irreal.

Nada más el primer punto pudiera anular todo lo demás pues ¿Cómo puede un ente en desacato declarar la “ruptura” del orden constitucional, cuando el Presidente en ejercicio está cumpliendo funciones de Estado en los países exportadores de petróleo buscando la estabilización del mercado?

El segundo es peor, pues no puede la “comunidad internacional” activar ningún mecanismo para nada ni en contra de ningún país. ¿Quién es la “comunidad internacional”? ¿Dónde están sus estatutos?

El 3 y 4 son contradictorios pues ordenan “proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales” ¿Cómo pueden proceder de manera inmediata sin antes invocar los mecanismos constitucionales? ¿No evaluaron, acaso, los tiempos para destituir a los magistrados del TSJ, designar unos nuevos y también meterse en el Consejo Nacional Electoral?

El punto 6 nos hace preguntarnos ¿Con cuál autoridad puede un parlamento en desacato evaluar “la situación constitucional de la Presidencia de la República” cuando ésta está en pleno ejercicio por un funcionario que fue electo por el voto popular en comicios libres y soberanos?

En el séptimo se acuerdan de designar una comisión de “alto” nivel (¿?) para desarrollar y definir las decisiones del propio acuerdo ¿Y, entonces, para qué son los seis puntos anteriores?)

Como corolario el punto 8 la bota de jonrón, pues sólo el Presidente de la República, puede emplazar de esa manera a la Fuerza Armada Nacional ensu condición de Comandante en Jefe de la misma. No es la Asamblea Nacional.

Lo mejor será meter ese acuerdo en una máquina picapapel y después lanzar sus pedacitos al viento…Pero eso ya lo hizo el pueblo y, como aquel abril, el golpe sólo duró unas horas.

Venezuela: ¿Crisis humanitaria o crisis de poder?

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Por: María Guerra *
* La autora es estudiante del último trayecto de Comunicación Social en la Universidad Bolivariana de Venezuela. El presente trabajo de investigación fue elaborado para la Unidad Curricular “Periodismo en Situación de Conflicto, Preventivo y de Frontera”  en la sección 01-T donde soy facilitadora. Criterios: investigar cómo los medios de comunicación y factores de la oposición usan algunas palabras y/o términos sin saber su significado ni mucho menos su alcance y efectos en la generación de conflictos. Lo comparto con ustedes.

La foto que ilustra este post corresponde a la crisis humanitaria gestada en la Repùblica Democrática del Congo, en 2008, calificada por la ONU como de dimensiones “catastróficas”.

Con la llegada de la nueva Asamblea Nacional, cuya mayoría parlamentaria está compuesta por diputados opositores al Gobierno Nacional, su agenda de trabajo ha consistido en calificar la situación económica, política y social del país bajo términos críticos, a pesar de rechazar medidas como el decreto de emergencia económica anunciado por el Presidente Nicolás Maduro.

En tres meses han emitido dos acuerdos: el primero, realizado el 26 de enero, declara crisis humanitaria en la salud de Venezuela, señalando la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria; el segundo, emitido el 11 de febrero del año en curso, declara crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria de la población venezolana.

A simple vista, los argumentos visibilizan la difícil situación del país y sus posibles razones, pero ¿Son estos criterios válidos de acuerdo a las circunstancias por las que debe pasar un país para declararse en crisis humanitaria?, ¿Qué implicaciones tendría para Venezuela esta declaración?

Crisis humanitaria
Una crisis humanitaria es definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia”. Asimismo, señala que

tales crisis suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa donde una serie de factores preexistentes (pobreza, desigualdad, falta de acceso a servicios básicos), potenciados por el detonante de un desastre natural o un conflicto armado, multiplican sus efectos destructivos.

La Asamblea Nacional emitió su primer acuerdo tras la intervención del diputado y médico de profesión José Manuel Olivares (del partido Voluntad Popular, Estado Vargas), quien tras una exposición de las principales causas de muerte en el país, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, argumentó que la tasa de mortalidad va en ascenso desde el año 2012, con una cifra de 140 casos por cada 100 mil habitantes, comparándola con cifras de Ecuador (40) y Bolivia (60).
También se hizo referencia a los casos de los ciudadanos Richard Medina y Jhon Pérez, cuyos familiares fallecieron por no conseguir los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus enfermedades.

El documento emitido por la Asamblea Nacional el 26 de enero de 2016 estipula los siguientes acuerdos:
PRIMERO Exigir al Gobierno Nacional garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales que son básicos, indispensables e imprescindibles y deben ser asequibles en todo momento. Dicho listado de medicamentos esenciales está publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud el 5 de noviembre de 2015, en la Gaceta Oficial Número 40.782, resolución 587.
SEGUNDO Exigir al Ministerio del Poder Popular para la Salud el restablecimiento de la publicación del Boletín Epidemiológico, en concordancia con la normativa del Reglamento Sanitario Internacional.
TERCERO Exhortar al Ejecutivo Nacional a que permita el envío de medicamentos entre particulares de otras naciones hacia Venezuela, y dentro del territorio nacional, sin fines comerciales y como medida humanitaria ante la crisis de salud que vive el país.
CUARTO Declarar Crisis Humanitaria en la Salud de Venezuela, en vista de lo discutido y aprobado en la Asamblea Nacional y ante la importancia de la salud para la vida.
QUINTO Solicitar a la Ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Luisana Melo; al Presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social, General Carlos Rotondaro; al Director de Sanidad Militar, Mayor General del Aire, Julio Rivera Jiménez; así como, al Presidente de la Fundación Barrio Adentro, doctor Henry Ventura, realizar reuniones de trabajo de carácter público, en el ámbito de la Asamblea Nacional, para evaluar los planes a corto y mediano plazo en la coordinación intersectorial y transectorial de la salud, y así construir en conjunto una agenda que evite que sigan muriendo venezolanos, por falta de insumos y medicamentos en Venezuela.

Si evaluamos el concepto expuesto por la ONU, esta situación es determinada mayormente por factores naturales como los terremotos, inundaciones o huracanes; o por factores antrópicos como epidemias, hambrunas o conflictos armados. Es bien claro que para llegar a esta situación debe producirse una afectación o interrupción completa en el suministro de servicios básicos de salud o alimentación. Este no es el caso de Venezuela.

Entonces, el uso de la expresión Crisis Humanitaria no es casual. Denis Ochoa, Directora de Mecanismos de Concertación Política y de Integración, adscrita al Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Exteriores, advierte sobre las intenciones de considerar a Venezuela un país en medio de una crisis humanitaria: “nuestro país, es parte del ajedrez mundial y como tal puede verse cualquier intento de declaración de crisis humanitaria o de posible intervención que afecte su soberanía, en el marco de lo que acontece a nivel mundial, y de cómo los grandes centros de poder operan para favorecer a unos o determinados gobiernos más cercanos a sus intereses”.

Asimismo señala que los problemas de abastecimiento que sufre el país “se debe a vista la drástica disminución de ingresos provenientes del petróleo, que hace difícil seguir accediendo al mercado mundial de fármacos para su adquisición”. Enfatizando que “es pertinente subrayar el principal interés de la política pública de seguir garantizando el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida de los todos los venezolanos y venezolanas”.

Implicaciones para Venezuela y escenario internacional
Representantes políticos y militares del capitalismo financiero transnacional promueven enfoques intervencionistas (intervención humanitaria y seguridad humana) para tratar de imponer cambios de gobiernos mediante la aplicación de la noción de la llamada Responsabilidad de Proteger, en clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela ha mantenido su posición de rechazo a todo intento que busque validar por la vía de facto la noción de la responsabilidad de proteger, la cual vulnera principios fundamentales de las relaciones internacionales, como la no intervención, la abstención de la amenaza o del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias.

Estados Unidos y sus aliados occidentales asumen de manera contradictoria conductas cómplices, en respaldo de las políticas represivas de la élite política y militar israelí contra los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación, la paz y el desarrollo, para citar un ejemplo.

En este contexto, las potencias occidentales tratan de justificar cualquier agresión armada bajo la excusa de asegurar la protección de los derechos humanos de la población civil, lo cual tiene como resultado final el cambio de régimen en un país.

Ochoa destaca que ese mismo argumento fue uno de los esgrimidos para justificar un ataque militar contra Siria, por parte de Estados Unidos. Más recientemente en nuestro país se abona el camino para que suceda algo similar, y consecuencias incalculables si llegará a ocurrir, explica.

“Plantear políticamente la situación de crisis humanitaria por falta de medicinas y fallas recurrentes en el abastecimientos de alimentos, es llevar a todo el país a las puertas del peligrosísimo escenario del “Estado Fallido”, para impulsar desde allí medidas de fuerza como un Golpe de Estado, el bloqueo o la intervención internacional”, advierte la analista.
Hay que recordar que el 9 de marzo de 2015, el presidente estadounidense Barack Obama firmó un decreto en el que califica a Venezuela como un amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos, decreto que fue renovado el martes 8 de marzo de 2016.

Dicho anuncio ha sido rechazado por diversos países y organizaciones de integración como La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), PETROCARIBE y G77+China.

Por otro lado, el exjefe del Comando Sur John Kelly, empleó el término crisis humanitaria en relación a Venezuela, y aseguró que de concretarse este escenario, no dudarían en intervenir militarmente “para prestar ayuda humanitaria”.

Se tiene que el próximo 26 y 27 de mayo se realizará la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul, Turquía. El tema principal de la agenda contempla la grave crisis que está generando la migración forzosa provocada por las guerras, así como la situación de los refugiados en Europa. Venezuela no figura entre las áreas o zonas con peligro de una crisis humanitaria.

REFERENCIAS
Acuerdo Mediante el Cual se Declara Crisis Humanitaria en la Salud de Venezuela, en Vista de la Grave Escasez de Medicamentos, Insumos médicos y Deterioro de la Infraestructura Sanitaria. (26 enero 2016). Asamblea Nacional [En línea] http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_075106aa7229644326f326f6b180d388633305cb.pdf

Acuerdo Mediante el Cual se Declara Crisis Humanitaria e Inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana. (11 febrero 2016). Asamblea Nacional [En línea] http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_075106aa7229644326f326f6b180d388633305cb.pdf

Declaración de “Crisis Humanitaria en Salud” es parte del plan internacional contra Venezuela. (29 enero 2016). Modaira Rubio. Correo del Orinoco. [En línea] http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/declaracion-“crisis-humanitaria-salud”-es-parte-plan-internacional-contra-venezuela/

Denis Ochoa. (27 marzo 2016). Comunicación Personal

G77 rechaza extensión de sanciones de EE.UU. contra Venezuela. (20 febrero 2015). teleSUR.net. [En línea] http://www.telesurtv.net/news/G77-rechaza-extension-de-sanciones-de-EE.UU.-contra-Venezuela-20150220-0042.html

Olivares: parlamento decretó la crisis humanitaria en salud. (26 enero 2016) Nota de prensa [En línea] http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/14161

Sobre el decreto de Emergencia Económica: ¿Por dónde puede “brincar” la Asamblea Nacional?

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Una primera lectura al Decreto de Emergencia Económica (DEE) presentado por el Presidente Nicolás Maduro a consideración de la Asamblea Nacional, permite establecer que la gran diferencia con relación a planes anteriores de recuperación económica, como los emprendidos por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en 1989 y 1992, respectivamente, es que se ha tenido extremo cuidado en no afectar el componente social por las medidas que obligatoriamente deberán tomarse en los días que siguen.

Otro aspecto relevante es que un Decreto de Emergencia Económica supone la restricción temporal de algunas garantías en materia de Libertad Económica, algo que ya está  vigente en el estado de excepción de la zona fronteriza. Pero en este caso son medidas temporales y no como en épocas pasadas cuando la Libertad Económica estuvo suspendida (no restringida) prácticamente desde 1960 (durante todos los gobiernos llamados “democráticos”) hasta que el presidente Chávez la restituyó en 1999. Recomendamos examinar la compilación que hace Gilberto Alejandro Guerrero-Rocca en su obra  “Régimen de Gestión, Control y Protección Constitucional de los Servicios Públicos”, publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos Autores. Por cierto que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, mucha experiencia debe tener en materia de suspensión de la garantía económica ya que los adecos, sus compañeros de partido, gobernaron este país por cinco quinquenios.

Si algo matiza la actual situación de crisis es que el Jefe del Estado venezolano, desde 2013 hasta 2015, en medio de una gran alteración política y con los precios del petróleo en picada, aumentó en casi 300 por ciento el salario, siendo el último en 2015 (decreto 2056) ubicándolo en Bs. 9.648,18 (Bs. 361,21 diarios) para beneficiar al sector laboral público y privado y a las pensiones y jubilaciones. A eso se suma el incremento en el monto del cesta ticket o ticket de alimentación a Bs. 6.750, obteniendo con ello un salario integral de Bs 16.399 desde el 1 de noviembre de 2015. Para este último incremento, la Asamblea Nacional aprobó Bs. 263.116 millones.

Es decir, se han realizado 10 incrementos salariales desde que Maduro asumió el poder y en 16 años, bajo la gestión de Hugo Chávez, se registraron 32 aumentos.

Recordemos que en 1989 el paquete de medidas fondomonetaristas fue aplicado “sin anestesia”, es decir, no hubo incremento salarial previo al aumento, el 26 de febrero de ese año, en 30% del precio de la gasolina, lo elevó las tarifas del transporte público. Tampoco hubo consideraciones que aseguraran la estabilidad laboral de nadie. El aumento de salario, también en 30% (Bs. 4 mil en la ciudad y Bs. 2.500 en el campo), se decidió en medio de una plomamentazón, en el Palacio de Miraflores, donde tirados en el piso los lideres de Fedecamaras y la CTV tuvieron que aceptarlo, ya cuando habían miles de muertos, heridos y desaparecidos en Caracas y otras ciudades del país.

Contrario a esos episodios, el presidente Maduro, además, decretó la inamovilidad laboral, protegiendo así el salario y el empleo, aunque ello luzca “insuficiente” como afirman algunos críticos, por la ausencia de acciones para combatir la inflación y la escasez de productos de primera necesidad.  

En una entrevista concedida en 2015 a esta periodista, el actual vicepresidente de economía, Luis Salas Rodríguez, expresaba lo siguiente: “(…) hay que cuidar otros factores como el desabastecimiento; las importaciones; el contrabando; el ritmo de compra de la población porque los comerciantes, ante la expectativa inflacionaria, lo que hacen es subir los precios; la gente se anticipa a los precios y a la escasez comprando más y más rápido (…) Para bajar esos niveles de nerviosismo y de sensación de indefensión, hay que llegar a acuerdos con el sector popular organizado”

 Y, como veremos, este enfoque prevalece en el documento que ya está en poder de la Asamblea Nacional. El Decreto de Emergencia Económica que, además ya entró en vigencia. 

El Decreto 

La esencia del Decreto de Emergencia Económica la encontramos básicamente en sus considerandos, pues éstos definen, argumentan o fundamentan su origen y espíritu. 

En el segundo de esos considerandos se atribuye el problema a las acciones de “sectores nacionales e internacionales” para desestabilizar la economía, debilitar las instituciones y generar el malestar social “inducido”.  También se institucionaliza el concepto de “guerra económica” (que es la tesis defendida por Luis Salas y que puede ser rebatida por la nueva mayoría de la AN) aunque al hablar de factores “internos” y de “intereses particulares de la burguesía”, pudiéramos inferir que hay allí un reconocimiento indirecto a posibles fallas del gobierno, vale decir, corrupción, y, en articulación con el sector privado, mal o erróneo uso de los cuantiosos recursos que fueron otorgados, por ejemplo, al ministerio de Alimentación; dólares preferenciales aprobados a ciertas empresas o para beneficiar importaciones no prioritarias; manejo de divisas desde que se aplican controles cambiarios. 

Se asume, en el tercer y quinto considerandos, que la caída de los precios del petróleo y, como consecuencia de ello, la afectación de los ingresos fiscales y de divisas, se ha convertido en “obstáculo” para la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”. 

El decreto se declara, de manera contundente, y en consonancia con los principios socialistas de la revolución bolivariana, opuesto a dictar medidas que afecten al pueblo, a su bienestar social y a las misiones. El factor humano prevalece. 

Ya en el articulado observamos lo siguiente: 

En el artículo 1 se radicalizan conceptos como la “inflación inducida”, con lo cual se libera al gobierno de toda responsabilidad. Se habla del “valor ficticio” de la moneda, del “sabotaje” a los sistemas de distribución de bienes y servicios y se apela a “factores externos” como responsables de eso. 

En el artículo 2, numeral siete, se flexibilizan algunos controles para agilizar las contrataciones públicas y las compras del Estado. Importante la decisión de dispensar de trámites cambiarios, es decir de los engorrosos procesos de Cencoex, a órganos y entes del sector público y privado para garantizar el abastecimiento nacional. Es una medida audaz pues venimos de muchos controles en este sentido y seguramente será evaluada como positiva, pero habrá que diseñar acciones contraloras para que eso no se convierta a la larga en otro desaguadero de divisas preferenciales ya que los ministerios podrán disponer del dólar a 6,30. No falta quien interpreta esto como una crítica al funcionamiento de Cencoex. Será necesario fijar prioridades.

El numeral 9 del artículo 2, puede despertar suspicacias en la “nueva mayoría” de la Asamblea Nacional pues casi todos sus miembros vienen del sector privado de la economía y las finanzas, es decir, son los “pelucones” a los cuales siempre alude el presidente Maduro. Allí se establece que el Ejecutivo podrá “requerir” de personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras los medios, transporte, etc para garantizar el abastecimiento de alimentos (se excluye medicinas cuando ha debido mencionarse expresamente y no dejarlo de manera genérica en “otros bienes de primera necesidad”). Esto puede ser interpretado como una “expropiación” y seguramente en la interpelación a los ministros del área pedirán aclarar el asunto por aquello de “con lo mío no te metas”…Es un punto en el cual se restringen, temporalmente, como dijimos antes, algunas garantías de la Libertad Económica para ser asumidas directamente por el Ejecutivo.  

La exportación de rubros no tradicionales (numeral 10), aspecto que se incluye en el decreto, fue algo que propuso Chávez en el año 2003 y es posible que privilegie al campo. En 2004  y 2005 se impulsaron desde el Ministerio de Producción y Comercio las ruedas de negocios para desviar las compras del Estado hacia lo nacional. También se habló de un nuevo “modelo de sustitución selectiva de importaciones” que no prosperó por divergencias teóricas internas del gabinete económico. Fueron planes que o desaparecieron o se debilitaron. La presencia del gobernador de Portuguesa en el equipo de gobierno, Wilmar Castro Soteldo, ahora como Ministro de Agricultura, y de Jesús Faría, posiblemente haya hecho repasar esas tesis y retomarlas. El primero fue titular del MPC y le tocó trabajar en eso, y el segundo ha sido defensor de volver al campo, tal como hace seis años promovió el presidente Chávez. 

Otro punto que debe causar prurito a la nueva mayoría es lo que contempla el numeral 11 del artículo 2, que promueve la incorporación de pequeños y medianos productores comunales para desarrollar, fortalecer y proteger el sistema de misiones y grades misiones socialistas.  

El artículo 3 permite al presidente otras medidas donde seguramente está el aumento en el precio de la gasolina, represado desde hace ya 19 años. También es posible que se sinceren los precios de algunos productos hoy regulados, lo cual acabaría con el bachaqueo.

Llegó el coco

Sobre la gasolina estas breves notas. Después de dos años de “asomar” un incremento en los precios de ese combustible al estilo de “ahí viene el coco”, el presidente Maduro lo dijo en su alocución: “Llegó la hora de aumentar la gasolina”.

En la actualidad la gasolina venezolana es la más barata del mundo: 0,097 bolívares por litro (la de 95 octanos) y 0,070 bolívares el litro de 91 octanos. El diesel tiene una tarifa preferencial de 0,048 bolívares por litro y es el que utiliza el transporte público. Un tanque lleno de gasolina de 95 octanos cuesta 4 bolívares (según el carro). Un Pastelado versión Aniversario de EFE cuesta en este momento Bs. 320. En 1989, Carlos Andrés Pérez decidió aumentar el precio de la gasolina en 100%  de forma gradual, es decir, 0,25 bolívares (un mediecito) por mes durante un año. Eso, unido a otras medidas santificadas por el Fondo Monetario Internacional,  generó, como dijimos antes, el estallido social del 27 de febrero.

El  ex vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez explicó en 2014 que Pdvsa gastó cerca de 15 millardos de dólares en la venta de gasolina a precios regulados. Dijo incluso que esos recursos pudieron inyectarse al Plan de la Patria 2013-2019, y que el bajo precio de la gasolina es uno de los factores que estimula el contrabando, y agregó que por esa vía se estaban perdiendo “100.000 barriles diarios” por concepto del contrabando de gasolina en la frontera colombo-venezolana.

Antes fue el entonces vice presidente Jorge Arreaza, quien desde 2013 “abrió la puerta” al debate sobre el tema y después, en diferentes momentos de 2015, fue más contundente, asegurando que  “pronto iré a la Asamblea Nacional a planear el alza de la gasolina”. Incluso dijo que los recursos por este concepto serían para inversión social. Bueno, se quedaron esperándole. Llegó el “coco” entonces, algo crecidito ya, lo cual supone que el precio sufra un incremento “más o menos respetable” para decirlo con palabras de una fuente del equipo económico oficial.  Hay confianza dentro del gobierno pues se cree que el pueblo está persuadido de la conveniencia de esta medida por lo cual no esperarán mucho para tomarla. Además se necesitan los recursos para poder dar cumplimiento al DEE.

La moneda nacional

El artículo 4 del DEE establece la protección a la moneda nacional y un punto clave es que los ministerios pondrán el límite máximo de ingreso o egreso de moneda venezolana en efectivo, en coordinación con el BCV. En este aspecto se imponen también acciones contraloras y es posible que la Asamblea Nacional pida más información.

En el artículo 6 se convoca a todos los sectores a participar para el éxito de estas medidas. Se reconoce al Parlamento Comunal pero debió incluirse expresamente a los medios de comunicación social, privados, profesionales, comunitarios etc para garantizar que efectivamente se neutralicen lo que en el decreto se definen como “las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país”.

¿Qué puede ocurrir?

La Asamblea Nacional tomará la vía de los ocho días (y no de las 48 horas) que establece la Ley de Estados de Excepción en su artículo 27, para evaluar el decreto, tiempo durante el cual serán citados los miembros del equipo económico para las interpelaciones parlamentarias siendo el primero de la lista, seguramente, el ministro de Economía Productiva y Vicepresidente del Área Económica, Luis Salas Rodríguez.

Para aprobar el decreto se requiere mayoría absoluta, es decir, 84 votos. Pero si en ocho días no hay pronunciamiento de la AN se considerará aprobado.

Es posible también que el parlamento no transija en los puntos aquí evaluados (y en otros) y que el presidente Maduro se vea en la obligación de presentar otro decreto o que sea necesario modificar de común acuerdo y sin violentar los principios de cada una de las partes, al actual instrumento.

En ese escenario el gobierno tiene herramientas para, de nuevo, dejar en evidencia el verdadero rol de la oposición. Veremos un clásico ejemplo de la negociación política. De sus resultados, malos o buenos, depende el bienestar de una nación.  Si cada una de las partes cede, en lo que parece será de aquí en adelante la convivencia Gobierno-Parlamento, como matrimonio mal avenido, habrá razones para pensar que es posible salir de la crisis.

La tercera posibilidad es que no se apruebe el decreto. En ese caso cesará la emergencia y el presidente Maduro podrá tomar solo algunas de las medidas propuestas en el instrumento pero ya no sería un estado de excepción y no se podrán implementar las acciones contempladas en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción, especialmente en materia de recursos.

Desde el punto de vista político, si la oposición vuelve a trancar el juego, como lo hizo al juramentar a los tres diputados de Amazonas, desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tendremos otra larga noche y habrá que seguir resistiendo…

 

La chucuta Ley Orgánica de Fronteras

Minientrada


“El instrumento legal promulgado vía habilitante, rompe el legado integracionista de Chávez respecto a los asuntos fronterizos”

Artículo escrito por el profesor Feijoo Colomine Rincones, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Frontera, ente adscrito a la Cancillería. Colomine es antropólogo y profesor titular de la Universidad de Los Andes, con investigaciones en el área de frontera

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La omisión de una línea clave del Art° 15 de la CRBV, referida a las asignaciones económicas especiales para las regiones fronterizas y el haber ignorado su concordancia con el Art° 327 que ordena la creación de la franja de seguridad de fronteras y los regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización de la misma, mantienen con este Decreto el vacío legal violatorio desde hace 14 años de la Disposición Transitoria Sexta.

El Decreto de Ley Orgánica de Fronteras se emite de espaldas al preámbulo de nuestra Constitución, que consagra que Venezuela es una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia, federal y descentralizado… ¿Dónde se convoca al pueblo fronterizo organizado en comunas y pueblos indígenas a PARTICIPAR Y PROTAGONIZAR la “NUEVA FRONTERA”?

Como increíble respuesta luego de los resultados del 6-D el Presidente Maduro en llamado a la aplicación de las “tres R al cuadrado”, emite este Decreto en donde se excluye al poder popular fronterizo y se legisla hacia unos espacios aparentemente vacíos al afirmarse erróneamente en la exposición de motivos del Decreto, que en nuestras fronteras habita el 10% de la población de Venezuela.

Para el año 2001 la antigua OCEI estimó una población censal para Venezuela de 23.054,210 habitantes y en los estados con limite internacional vivían ese año 8.020.344 habitantes, es decir, el 34,8%. En el censo de 2011, el INE declaró una población de 28.946.101 habitantes y una población fronteriza de 9.955.549 equivalente al 34,4%.

Los estados federales que limitan con la República de Colombia (Zulia, Táchira, Apure, y de Amazonas los municipios Atures, Autana, Atabapo, Guainía y Río Negro) tienen una población censal (2001) de 4.422.922 habitantes. Los que limitan con la República Federativa de Brasil (Bolivar y de Amazonas los municipios Manapiare y Alto Orinoco) tienen 1.276.492 habitantes. Con la zona en reclamación Esequibo, los municipios colindantes (Gran Sabana, Sifontes del Estado Bolivar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro), tienen una población de 38.475 habitantes. Otros estados fronterizos son Monagas con 712.626 habitantes, cuyo municipio Maturín, al igual que los municipios Benitez, Libertador, Cajigal, Mariño, Valdez y Arismendi del estado Sucre con 786.483 habitantes y los municipios Tucupita y Pedernales del estado Delta Amacuro, acceden al golfo de Paria, dividido por una línea de base recta en convención de límites con la República de Trinidad-Tobago. El territorio del estado Falcón con 783.118 habitantes fue tomado en consideración para la convención de límites con el Reino de los Países Bajos (Holanda), respecto a las Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao y Bonaire).

Las únicas islas habitadas de las Dependencias Federales a partir de las cuales se estructuraron convenciones de límites marinos, son Isla Iguana (Archipiélago Los Testigos) con 228 habitantes e Isla de Aves, con una dotación militar.

Ya para el censo del año 2001, recién instalado el presidente Chávez y aprobado constitucionalmente un sistema de siete normas para la atención fronteriza, los estados y dependencias federales con límite internacional tenían un poco más de la tercera parte de la población del país. Este sistema fue postergado sin motivo alguno, en perjuicio de los pueblos fronterizos que han visto disminuida su calidad de vida y afectada su venezolanidad por acción de políticas neoliberales generadas por los gobiernos de los países vecinos, particularmente por la mafias paramilitares bajo orientación de los Estados Unidos.

El Texto Constitucional de 1.999, introdujo con absoluta claridad principios, contenidos y disposiciones directa e indirectamente relacionadas con los asuntos fronterizos. Dada la importancia de los mismos, dictó una disposición transitoria que ordenaba con prioridad legislar la Ley Orgánica de Fronteras dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la nueva Constitución. La Asamblea Nacional controlada por el chavismo mantuvo una mora legislativa de 15 años.

En el año 2015, la Asamblea Nacional habilitó al Presidente de la República para legislar sobre un conjunto de materias relacionadas directamente con los asuntos fronterizos, cuestión que le permitió promulgar el 30 de diciembre un Decreto-Ley Orgánica de Fronteras de corto alcance y al margen del proyecto del socialismo bolivariano plasmado en el Plan de la Patria y por añadidura de espaldas al preámbulo de la Constitución.

En el texto se origina una confusión de tiempos y de procedimientos que implica un pertinente recurso de interpretación por parte del TSJ, pues se ordena en los primeros seis meses de vigencia un plan de desarrollo fronterizo para unas “regiones fronterizas” que aún no existen y para cuya creación y delimitación con afectación de estados, municipios y dependencias federales, el Ejecutivo se reserva un año, amen de subordinarlas e incluirlas en la “Ley que regula la regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria”. ¿Una Ley Orgánica (Fronteras) subordinada a una Ley Especial (Regiones)?

Al omitirse el mandato constitucional (Art° 15 de la CRBV) de establecer asignaciones económicas especiales para esas regiones fronterizas aún por crearse, se entra en colisión con la Ley del Plan de la Patria, el cual tiene soporte presupuestario para los seis años de su vigencia.

La política del Estado hacia sus regiones fronterizas ha sido catalogada insuficiente o dispersa en la consecución de sus fines. La realidad de los trece espacios limítrofes del Territorio Nacional y la dinámica de hoy día tienen, exige una clara y definida política del Estado Venezolano para sus fronteras, a fin de consolidar la integridad territorial y fomentar el desarrollo de estas regiones en concordancia con las estrategias económicas, sociales, de seguridad y defensa, ambientales, tecnológicas y culturales de la nación.

Es una exigencia para el pueblo venezolano un ordenamiento legal hacia las fronteras que garantice la plena vigencia del socialismo bolivariano, enfrentado al modelo de capitalismo neoliberal, cuyas facetas más salvajes e inhumanas tienen lugar en los espacios limítrofes de la República.

El acrecentamiento desde los años 60 del derecho internacional público, del surgimiento de nuevas naciones, como producto de descolonización del Caribe y en particular del acrecentamiento de los derechos del mar y la dinámica social, económica y cultural de los intercambios comerciales y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, fue un factor determinante para que esta materia haya sido ampliamente tratada por primera vez en la Constitución de la República Boliviariana de Venezuela, ante la omisión de este asunto en las 27 constituciones anteriores a la del año 1.999.

Contrarios a este principio revolucionario, factores fundamentales en la toma de decisiones del chavismo han mantenido durante 16 años el legado imperial de doscientos años, de límites confusos, pérdida de identidad y soberanía, desconocimiento de pueblos originarios, divorcio con diversas comunidades vecinas, integradas espontáneamente a Venezuela por encima de los obstáculos geográficos y de límites internacionales.

Lo más peligroso, que los nueve millones de venezolanos que vivimos en los espacios fronterizos seamos victimas del asedio económico dirigido por mafias estimuladas por el imperio norteamericano que han impuesto sus reglas de juego, para saquear valiosos recursos en clara evasión de un 30% del Producto Interno Bruto.

El incremento de la inseguridad a causa de la intervención de los factores derivados de la delincuencia común, el narcotráfico, el traslado a Venezuela de operaciones armadas de la subversión y el paramilitarismo colombiano, a lo cual se agrega en la frontera con Brasil la explotación ilegal de recursos forestales y mineros, en tanto que en la frontera norte, ocurre la depredación de la ictiofauna de nuestra zona económica exclusiva; la fuga masiva de capitales y recursos económicos, acompañada de la pérdida de la moral pública de los actores ungidos de poder defensivo para el resguardo aduanero y fronterizo, configurándose una problemática compleja que por obligación, debe ser objeto de atención por parte del estado venezolano.

Sirvan estas reflexiones para solicitarle en mi condición de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras, al Ministro de Fronteras, M/G Gerardo José Izquierdo Torres, una vez más, (lo vengo haciendo desde el 6 de octubre del año 2015), la oportunidad de exponerle asuntos relacionados con las fronteras venezolanas, que pueden contribuir a la importante gestión pública para la cual ha sido designado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.

12 de enero de 2016

Tomado de http://www.aporrea.org/actualidad/a221118.html

MUD obtiene mayoría calificada


El CNE acaba de actualizar su página

109 diputados (completaron con circuito 3 de Aragua y 1 de Amazonas) y los tres representantes indígenas

 

CNE ACTUALIZADA

Mueran los chavistas


Apenas habían pasado pocas horas de haberse conocido los resultados electorales y ya la oposición expresaba en las redes sociales, con un discurso revanchista y vengativo, lo que posiblemente traigan en el morral sus representantes legislativos, por ejemplo: eliminar el canal de TV de la Asamblea Nacional, ANTV (a cuyos periodistas Henry Ramos Allup calificó de “cloacas”);  devolver la concesión a RCTV; destituir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia; revocar el mandato al Presidente de la República (aunque esto sólo lo puede convocar el pueblo); derogar leyes orgánicas (la de Precios Justos y la del Trabajo para beneficiar a los empresarios); destruir el Cuartel de la Montaña (y seguir minando la moral chavista)…Es decir, pulverizar a Venezuela para hacer “otro” país donde por supuesto el chavismo no tiene cabida, olvídense de eso.

Lo descrito nos trae la imagen de Pedro Carmona Estanga auto proclamándose como Presidente de Venezuela aquel 12 de abril de 2002.  Lo primero que hicieron fue derogar las leyes habilitantes. Ese día esos mismos que ganaron ayer trataron de arrasar con todo pero el pueblo los contuvo…¿Y ahora? ¿tenemos el mismo pueblo?

La oposición tomará el Poder Legislativo como un arma para vengarse del chavismo y acabar con los “rojos rojitos”. Anoche escuchábamos a nuestros vecinos gritar “Mueran los chavistas”, mientras los más guapetones, con unos tragos demás,  vaciaban sus pistolas con tiros al aire, pero de este lado no hubo guarimbas ni se provocaron muertes ni se echaron a la calle los temibles colectivos armados amendrentando a los ganadores. Eso no pasó porque el propio ministro de la Defensa, el general Padrino Lòpez (el mismo cuya muerte predijo el hoy difunto Dr. José Marquina) dio la cara ante el paìs y el mundo exigiendo calma y que todo el mundo se quedara en casa hasta consolidar los resultados. ¿Y qué inventó el diario español ABC? (que sigue violando sistemáticamente su manual de estilo) que “El Alto Mando Militar fuerza a aceptar la gran victoria” de la oposición.

El primer venezolano en reconocer la victoria ajena fue el presidente Nicolás Maduro demostrando su voluntad de gobernar en paz y desmontando, además, la matriz de opinión sembrada por la MUD, dentro y fuera de nuestras fronteras, según la cual los resultados no serían aceptados. Maduro cumplió con el acuerdo firmado en el Consejo Nacional Electoral, acuerdo que la MUD rechazó porque en el fondo aún no tenía toda la certeza de ganar y prefería mantener el ambiente de fraude para alimentar la crisis. A la oposición le convenía llegar al 6 de diciembre con ese clima de zozobra y allanar el camino de la violencia si los resultados le eran adversos. Por eso nunca hizo nada para mitigarlo.

Hoy los que alentaron guarimbas celebran. Les tomó 16 años. Hoy no descalifican al Consejo Nacional Electoral ni a su Presidenta, Tibisay Lucena quien por cierto ha sido víctima de los más ruines ataques. Nadie cuestiona la victoria opositora porque, ciertamente, fue contundente y el mensaje claro: un sector del pueblo chavista castigó, y otra franja opinática definida por las encuestadoras como los “ni ni” compraron el discurso “salvador” de quienes ahora ostentan una parte del poder. Se cosificó a la revolución, esa es la verdad. Se la convirtió en  un objeto, en un valor de uso, se dejó por fuera la conciencia y el consumismo pues “la consumió”. Por ejemplo, Se regalaron tablets a los estudiantes sin ningún criterio académico y salieron beneficiados todos sembrando la mala semilla del facilismo. Pero por otra parte, mucha gente esperaba que hoy apareciera el papel tualet…Díganme: ¿apareció?.

El análisis se impone. La autocrítica y la crítica, que jamás hemos abandonado a riesgo de parecer “quinta columna”, son más necesarias que nunca. Un buen amigo que mira a Venezuela desde fuera nos compartió su opinión: “era una muerte anunciada: la desidia, ineficacia y corrupción más las guerras económica,  comunicacional, diplomática,  política, militar desde Guyana y Colombia,  el desgaste de 16 años, la ausencia de Chávez, las esposas y esposos como candidat@s a diputados y diputadas, la soberbia y la ignorancia juntas y revueltas, todos esos estropicios no podían tener otro resultado”.  Pero pese a la desesperanza que aparentemente comunica esta reflexión cierra con esto: “una mayoría calificada les permitirá a ellos hacer cualquier cosa, pero eso no nos destruirá”. Y es que la Constitución Bolivariana, esa que impulsó Chávez y que fue tan vilipendiada, les sirve ahora a sus propósitos. ¡Qué ironía!.

Veamos pues de nuevo la cara fea de la oposición, pero esta vez legitimada, dolorosamente con votos chavistas y lisonjeada desde el exterior. Que nadie se arrepienta. Hay que acusar el golpe y volver a levantarse. Esperamos señales firmes de rectificación por parte del gobierno bolivariano. Nicolás: hablar menos y actuar más.

Por cierto ¿debemos darle las gracias a la MUD porque Mr. Macri ya no pedirá sanciones contra Venezuela en el Mercosur? Mira tú. ¡Empezaron los milagros…!

A nuestros vecinos les decimos no nos amenacen de muerte, vengan a buscarnos…

Nota: “Mueran los golpistas” fue el grito de un adeco muerto y olvidado llamado David Morales Bello, durante una sesión histórica del Congreso de la Repùblica. eso fue el 05 de febrero de 1992 al día siguiente de la rebelión que comandó Hugo Chávez. Henry Ramos Allup ya acumulaba casi 15 años como diputado (él nunca ha hecho otra cosa) y por entonces era jefe de la fracción parlamentaria de AD.