Estado de Excepción decretado por Maduro no supone suspensión de garantías constitucionales


LA FRONTERA

Amparado en el artículo 337 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes el Estado de Excepción en la frontera colombo-venezolana en los municipios Bolívar, Junín, Ureña, Capacho Independencia y Capacho Libertad del estado Táchira.

Esta decisión es consecuencia de los últimos eventos ocurridos en esa zona fronteriza venezolana, tras el ataque presuntamente paramilitar registrado ayer jueves 20 de agosto, contra una comisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encontraba en labores contra el crimen transnacional y el contrabando de extracción.

Horas después de haber anunciado el cierre de la frontera por 72 horas, Maduro acompaña el decreto del Estado de Excepción con una medida que mayoritariamente el pueblo venezolano esperaba: la frontera continuará cerrada “hasta nuevo aviso”, es decir hasta que se “regularice” la situación de caos que se viene viviendo en esa localidad y sean atrapados los irregulares que atacaron a tiros a los soldados de las Fanb. Maduro designó como autoridad única para ejecutar el estado de Excepción al gobernador de la entidad, José Gregorio Vilema Mora.

El Estado de Excepción

Los Estados de Excepción en Venezuela se decretan en circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación.

Los Estados de Excepción son tres: alarma, emergencia económica y conmoción, y están contemplados en  el Título VIII Capítulo II, artículos 337, 338 y 339 de la CRBV.

El Estado de Excepción se dictará hasta por 60 días, prorrogable por 60 días más. La prórroga debe aprobarla la Asamblea Nacional.

En Venezuela los Estados de Excepción se rigen por la Ley Orgánica de Estados de Excepción sancionada el diciembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial No. 37261, del 15 de agosto de 2001.

El capítulo referido a los estados de Excepción fue redactado casi en su totalidad por el constituyente Isaías Rodríguez y un equipo de expertos constitucionalistas, durante la discusión de la nueva Constitución en 1999. En esa oportunidad se cambió la filosofía que prevaleció en la Carta Magna de 1961, eliminándose lo que se conocía como el “inciso Alfaro”  (llamado así porque supuestamente lo incluyó en la constitución de 1947 el caudillo adeco Luis Alfaro Ucero y se mantuvo en la de 1961) que contemplaba durante los estados de excepción, la detención y confinamiento de cualquier mortal sólo ante “fundados indicios para temer inminentes trastornos del orden público (…)’. Es decir, el Presidente de la República podía encarcelar a quien quisiera con tan sólo sospechar. Ese sello de represión y de inseguridad fue revertido en la Constitución impulsada por Hugo Chávez.

No se restringen garantías 

En la Constitución Bolivariana los estados de Excepción tienen sus Límites y entre otros derechos se garantiza el de la vida, el de la integridad personal, la libertad, el debido proceso y la información. De modo que las acusaciones de la oposición representada en la Mesa de la Unidad, sobre la supuesta violación de derechos humanos a causa del estado de excepción, se quedan sin sustento y sólo buscan descalificar y debilitar la decisión presidencial. Tal vez en gobiernos pasados sí hubiese tenido razón el señor Jesús “Chúo” Torrealba, jefe de la “unidad”.

Es la primera vez que Venezuela apela a la figura de los Estados de Excepción.

Más información aquí. 

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